Toluca, Estado de México, 12 de diciembre de 2022. Las plataformas digitales Cornershop by Uber, DiDi Food, Rappi, Uber Eats y Lalamove consideran que la implementación del nuevo gravamen dirigido a los prestadores de servicios electrónicos que intermedien el transporte de bienes de consumo, propuesto por la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México en el Paquete Fiscal 2023, impactaría negativamente en la economía de los mexiquenses. Dicha iniciativa propone ampliar la base de contribuyentes y aplicar un nuevo impuesto del 1.5% por cada viaje realizado en servicios de entrega de alimentos y bienes intermediados a través de aplicaciones tecnológicas o páginas web.
La aplicación de este nuevo impuesto afectaría a todos los actores involucrados en el ecosistema de la economía colaborativa y a una industria que no solo cumple con todas las obligaciones fiscales que le corresponden -incluyendo el pago de IVA e ISR- sino que también ha contribuido a la formalización económica. Además, reduciría las ganancias de los prestadores de servicio registrados como repartidores en las aplicaciones de entrega de comida y artículos e incrementaría los costos a los usuarios mexiquenses que hacen uso de las mismas en un contexto económico adverso caracterizado por niveles inflacionarios elevados.
Además, este impuesto impactaría negativamente a los comercios locales que entregan sus productos a través de terceros, tendencia que se aceleró a partir de la pandemia y que se ha convertido en un canal de venta estratégico para los establecimientos mexiquenses. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México se encuentra en el top 10 de los países con más ventas en comercio electrónico, y un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) reporta que las plataformas digitales de reparto han aumentado la participación del sector restaurantero en la generación de riqueza del país entre un 28 y 32 por ciento.
“Compartimos la visión del gobierno de fortalecer las ciudades mexiquenses e impulsar su desarrollo a través de la tecnología. Sin embargo, gravar el comercio electrónico indiscutiblemente, dañaría la innovación y afectaría la capacidad de inversión de los prestadores de servicios electrónicos que actualmente habilitamos oportunidades en la entidad y contribuimos a la economía local”, refirió Victor Díaz Infante, director de Asuntos Fiscales de Uber México.
Por su parte, Fernando Cota, Director de Asuntos Públicos de Rappi México, agregó que “En Rappi estamos comprometidos con impulsar la economía local de los territorios donde operamos. La aplicación de este nuevo impuesto nos preocupa, ya que miles de pequeños y medianos negocios mexiquenses apuestan por las plataformas digitales de entrega para incrementar sus ventas y llegar a más consumidores, por lo que la iniciativa pondría un freno al crecimiento de la economía local. Además, este nuevo impuesto representaría un freno al incremento en las ganancias de los repartidores, lo que afectaría directamente su economía y la de sus familias, derivado de una posible reducción en el número de pedidos que reciben”.
De la misma forma, Franco Bastida, Gerente de Relaciones con Gobierno para México de DiDi Food, apuntó que “Hemos sostenido espacios de diálogo con las autoridades, a quienes externamos nuestra preocupación. Un impuesto nuevo, en una etapa económica difícil y de recuperación para muchas personas, afecta a repartidores, comercios y usuarios por igual. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía y el comercio local del Estado de México para brindar herramientas tecnológicas asequibles que contribuyan a la calidad de vida de los mexiquenses. Creemos que ese es el camino, y no un nuevo impuesto”.
La propuesta contenida dentro del Paquete Fiscal 2023 contempla que el impuesto sea aplicado únicamente a los servicios de entrega de bienes de consumo por aplicaciones digitales o sitios web, dejando fuera al resto de los prestadores de servicio de entrega que no están digitalizados, haciéndola desproporcional, inequitativa y discriminatoria, además de que contraviene los acuerdos internacionales, adquiridos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de no establecer más impuestos a la economía digital.
